Cristina Fernández de Kirchner activó una nueva estrategia para sortear la condena firme de la Corte Suprema que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos y la sentencia a seis años de prisión. Según confirmaron fuentes cercanas a su defensa, la exmandataria presentará en los próximos días una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de ser habilitada para participar en las elecciones.
La presentación, que se formalizaría en breve, buscará que la CIDH suspenda los efectos del fallo judicial argentino, permitiéndole a Cristina no solo ser candidata, sino también permanecer en libertad para hacer campaña. El plan fue confirmado por su abogado, Carlos Beraldi, y ya estaría en marcha: dos representantes de un estudio jurídico estadounidense de renombre viajaron a la sede de la CIDH en Washington para avanzar en los detalles.
Un antecedente clave: el caso Petro
La estrategia jurídica se apoya en un antecedente que la defensa considera decisivo: el caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. En 2013, Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años mientras ejercía como alcalde de Bogotá. La CIDH intervino en 2014 y dictó una medida cautelar para restituir sus derechos políticos, al considerar que su inhabilitación vulneraba el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Años más tarde, en 2020, la Corte Interamericana ratificó ese fallo.
Entre los jueces que votaron a favor de esa resolución estuvo el argentino Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema y cercano al kirchnerismo.
Cristina intentará replicar esa vía. Sostendrá que la Justicia argentina vulneró su derecho de defensa y que la sentencia de inhabilitación constituye una "proscripción" que le impide ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, fuentes vinculadas al sistema interamericano advierten que el caso argentino difiere del colombiano: la causa contra la expresidenta se desarrolló durante 17 años, abarcó todas las instancias judiciales y se centró en un delito de corrupción.
El tiempo apremia
La exmandataria necesita una respuesta rápida del organismo internacional. La fecha clave es el 7 de septiembre, día en que se celebrarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de las que ya quedó excluida por la sentencia.
Si la CIDH accede a su pedido y suspende provisoriamente el fallo de la Corte, Cristina Fernández de Kirchner podría regresar a la arena electoral. En ese escenario, también se garantizaría que no sea detenida antes de los comicios.
