La condena contra Cristina Fernández de Kirchner encendió una fuerte reacción en distintos sectores del peronismo. Este martes, los tres jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— confirmaron la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en la causa Vialidad.
El fallo generó movimientos inmediatos en el plano político. Más temprano, la expresidenta encabezó una reunión en la sede nacional del Partido Justicialista. En paralelo, comenzó a congregarse la militancia y se registraron protestas y cortes en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Ricchieri, Panamericana y Acceso Oeste. Varios gremios, además, amenazaron con convocar a medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
En Catamarca, la dirigencia del PJ provincial expresó su respaldo a Cristina Kirchner mediante dos comunicados oficiales. Por un lado, senadores y senadoras justicialistas denunciaron una "sentencia injusta y plagada de irregularidades", con el fin de "impedir que Cristina sea candidata a diputada por Buenos Aires". Por otro lado, intendentes e intendentas de la provincia también repudiaron la decisión del máximo tribunal, a la que calificaron como una maniobra de "lawfare" con "complicidad mediática y judicial".
"Enfrentamos momentos de proscripción no solo al peronismo, sino a todos los ciudadanos argentinos", advierten los documentos, que utilizan como consigna principal una frase que se repite en ambos textos: "Defendamos a Cristina, que la Patria está en peligro".
Los firmantes afirman que la condena "coarta los derechos de una ciudadana argentina a ser electa por decisión popular" y reclaman a la Corte Suprema que revise la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2. Además, consideran que no se trata de una decisión judicial, sino de un intento por "eliminar cívicamente" a una adversaria política.
La exmandataria, de 72 años, podría acceder a una prisión domiciliaria. Aún no se definió dónde cumpliría la condena: entre las opciones figuran su departamento en Constitución, su vivienda en Recoleta o su residencia en El Calafate, Santa Cruz. La ejecución del fallo está ahora en manos del tribunal que dictó la sentencia original.
