La comunidad universitaria volverá a paralizar las actividades este martes en todo el país para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional sobre las universidades públicas.
La medida de fuerza fue ratificada por el Plenario de Secretarías Generales de la federación gremial docente, que decidió extender el plan de lucha hasta el 30 de mayo al considerar insuficientes las respuestas del Ejecutivo.
Bajo la consigna “Sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad”, docentes universitarios realizarán paros, protestas y actividades públicas en distintos puntos del país. El reclamo apunta al deterioro salarial, la falta de actualización presupuestaria y el impacto que la crisis financiera tiene sobre el funcionamiento de las casas de estudio.
Desde los gremios remarcaron que el conflicto sigue abierto porque el Gobierno no aplica plenamente la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada para garantizar recursos frente a la inflación y sostener el sistema universitario.
En Catamarca, el referente de CONADU Histórica, Fernando Morales, aseguró que la tensión con el Gobierno nacional “no ha terminado” y advirtió que el conflicto se profundizó en los últimos meses.
“Se abrió una brecha importante entre el Gobierno nacional y las universidades nacionales. Incluso hubo enfrentamientos públicos entre funcionarios y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, lo cual no ayuda a resolver el problema”, expresó días atrás en diálogo con Radio El Esquiú 95.3.
Clases públicas frente a Tribunales
En paralelo al paro, docentes, estudiantes y autoridades universitarias realizarán este martes clases públicas frente al Palacio de Tribunales bajo el lema “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”.
La jornada se desarrollará entre las 11 y las 17 y buscará visibilizar el impacto del ajuste sobre salarios, becas, investigación y el funcionamiento general del sistema universitario.
Participarán referentes políticos, sindicales y académicos, entre ellos la abogada laboralista y docente de la UBA Natalia Salvo; los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura de no aplicar plenamente la ley al sostener que la norma no establece de manera concreta las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir salarios y gastos operativos, en el marco de la política de equilibrio fiscal.
En ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúa con el reclamo judicial y ya presentó documentación ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre la validez y aplicación de la normativa.
