La Cámara de Diputados dio media sanción a una serie de proyectos de ley, entre ellos la creación de un programa provincial integral de oncofertilidad y la modernización y digitalización del Registro de Deudores Alimentarios para incluir mecanismos de control e intercambio de información entre organismos y restricciones para quienes incumplan con sus obligaciones.
Esta última propuesta unificó las iniciativas de María Argerich y Eduardo Andrada (FT), María Alejandra Pons (mandato cumplido) y Natalia Saseta (PRO). El proyecto con media sanción incluye una serie de inhabilitaciones e impedimentos para quienes figuren inscriptos en el registro. En este sentido, se estableció que no pueden solicitar apertura de cuentas corrientes, sacar o renovar tarjetas de crédito, ni obtener subsidios o asistencia financiera del Estado.
Quienes aparezcan en el registro tampoco pueden obtener habilitaciones para abrir o explotar comercios e industrias, ni acceder a concesiones, permisos, licitaciones o contratos con el Estado. También se les prohíbe el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos, tampoco pueden participar en concursos públicos de antecedentes y oposición para ingresar o ascender en los tres Poderes del Estado.
