En un giro estratégico hacia la gestión privada del sistema de transporte ferroviario, el Poder Ejecutivo lanzará este jueves los pliegos para licitar la red nacional de cargas. El esquema oficial contempla concesiones de largo aliento con un plazo de vigencia de 50 años, estableciendo una restricción fundamental: la exclusión expresa de empresas controladas por Estados extranjeros en la licitación.
El alcance de la red ferroviaria estatal
La estructura ferroviaria que actualmente opera bajo la órbita del Estado, a través de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., constituye una red de dimensiones considerables y vital para la conectividad interna. Se trata de una megared de 7600 kilómetros de vías, distribuida estratégicamente en tres líneas principales que vertebran el movimiento de carga en el territorio:
Línea General San Martín
Línea General Urquiza
Línea General Belgrano
Esta red posee una capilaridad geográfica extensa, conectando la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. La magnitud de esta infraestructura refleja la importancia operativa que el Gobierno busca transferir al ámbito privado bajo un nuevo paradigma contractual.
Un esquema tripartito de concesiones
El proceso de privatización ha sido diseñado bajo una estructura segmentada en tres pilares fundamentales, cuyo objetivo principal es la fragmentación de responsabilidades para fomentar la participación de diversos actores económicos. Los ejes del modelo son los siguientes:
Infraestructura y vías: Se concesionarán las vías y los inmuebles aledaños a dos empresas privadas. Estas tendrán la responsabilidad crítica del mantenimiento de la infraestructura y estarán facultadas para el cobro de peajes por el uso de los ramales.
Talleres de reparación: Se designarán dos concesionarios, también por un plazo de 50 años, quienes tendrán a su cargo la puesta a punto y reparación integral de las formaciones que circulen por la red.
Material ferroviario: El Estado procederá a la venta de locomotoras y vagones actualmente bajo su propiedad. Las empresas que adquieran este material deberán garantizar su puesta a punto y tendrán la posibilidad de alquilar las formaciones resultantes a otros operadores.
Esta división busca que actores especializados asuman roles específicos, desde la conservación de las vías hasta la gestión del material rodante.
Condiciones, incentivos y plazos operativos
Con el fin de asegurar la viabilidad económica y atraer ofertas competitivas, la documentación licitatoria incluye la posibilidad de que los adjudicatarios accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la resolución, este incentivo tiene por objetivo generar un mayor interés entre los actores privados.
En cuanto a la mecánica de presentación, las empresas interesadas podrán optar por dos modalidades:
Competir únicamente por la concesión y explotación de las vías.
Sumar a la propuesta anterior la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.
La resolución establece que el Ministerio de Economía llevará adelante la venta del material rodante mediante remate público. Una vez finalizada la adjudicación de las concesiones y consolidada la firma de los contratos, el plan oficial es la disolución y posterior liquidación de la actual operadora estatal, Belgrano Cargas y Logística S.A.
Cronograma y proceso licitatorio
La convocatoria ha sido definida como una licitación pública nacional e internacional, la cual será canalizada a través de la plataforma CONTRAT.AR. El llamado tendrá una presencia informativa obligatoria de 10 días en el Boletín Oficial, el portal "DGMarket" del Banco Mundial y el sitio web del Ministerio de Economía.
Las fechas clave para los interesados son:
Fecha límite de presentación de ofertas: 11 de noviembre hasta las 9.59.
Apertura de sobres: Mismo 11 de noviembre, después de las 10.
Con este cronograma, el Gobierno busca concretar la transferencia total de la operación ferroviaria de cargas al sector privado, consolidando concesiones de larga duración en las que las empresas deberán asumir diversas responsabilidades sobre la infraestructura y el material ferroviario.
