La norma fue sancionada por la Asamblea Nacional y ahora deberá ser promulgada para entrar en vigencia. Organizaciones de derechos humanos advierten que deja fuera a cientos de detenidos.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 19 de febrero la Ley de Amnistía impulsada por el oficialismo, en una sesión marcada por fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que advierten que la medida no garantiza la liberación de todos los considerados presos políticos, entre ellos militares y el catamarqueño Nahuel Gallo. El Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez, realizó el segundo debate reglamentario y dio sanción definitiva a la norma, que ahora deberá ser promulgada y publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigencia.
Alcance y limitaciones
El texto establece la posibilidad de beneficiar a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre 2002 y 2025, incluyendo protestas políticas, manifestaciones y acciones vinculadas a distintos procesos electorales desarrollados en los últimos años. Sin embargo, la ley excluye expresamente a quienes fueron condenados por “rebelión militar” en relación con los hechos de 2019, así como a responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico y corrupción.
Tampoco contempla la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones a medios de comunicación. Contexto político. La norma fue impulsada en un escenario de reconfiguración institucional, tras la asunción como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, quien tomó el mando luego del desplazamiento de Nicolás Maduro.Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa apunta a “promover la unión y la paz”, mientras que sectores opositores consideran que el alcance es restrictivo y deja afuera a numerosos detenidos, incluidos militares y dirigentes que permanecen en el exilio para evitar órdenes de captura. La ley permite que quienes estén fuera del país designen un abogado para iniciar el trámite, pero exige su comparecencia personal en territorio venezolano para que el beneficio se haga efectivo.
Expectativa y reclamos
En paralelo, familiares de detenidos mantenían desde el 14 de febrero una huelga de hambre frente a dependencias policiales en Caracas. Tras la aprobación parlamentaria, la medida fue levantada, aunque los manifestantes advirtieron que aguardarán que las excarcelaciones se concreten en los próximos días. Mientras el oficialismo asegura que cerca de 900 personas fueron liberadas en el último año, organizaciones como Foro Penal contabilizan 450 excarcelaciones recientes y señalan que aún restan cientos de casos pendientes. Los tribunales tendrán un plazo de 15 días para pronunciarse sobre las solicitudes una vez que la ley sea promulgada, en un escenario de máxima tensión y expectativa entre familiares y dirigentes opositores.
