La operatividad de las organizaciones criminales más allá de los muros de las prisiones ha puesto en alerta máxima al sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. En una medida que busca cortar de raíz la logística delictiva, el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, ha presentado una solicitud formal ante la Justicia para prohibir de manera tajante el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
La petición surge tras una investigación que ha dejado al descubierto cómo la privación de la libertad no ha sido un impedimento para que bandas de alta peligrosidad sigan sembrando el terror en la vía pública.
La "Banda del Millón": liderazgo y ejecución desde el encierro
El foco de la investigación se centra específicamente en la denominada "Banda del Millón", una organización delictiva de gran escala integrada por aproximadamente 40 detenidos. Esta estructura criminal no se limita a la resistencia pasiva dentro de los penales, sino que está acusada de haber cometido, al menos, dos homicidios y una extensa serie de robos violentos concentrados mayoritariamente en la zona norte del conurbano bonaerense. Según los datos que fundamentan el pedido del fiscal, los líderes operaban desde los establecimientos penitenciarios utilizando una táctica sumamente alarmante: el reclutamiento y uso de menores de edad para ejecutar los asaltos y delitos violentos en las calles, manteniendo así a los cabecillas alejados de la escena del crimen pero con el control total de la acción.
El fiscal Ferrari ha sido categórico al describir la situación actual en los penales, advirtiendo que los reclusos tienen la capacidad técnica de planificar, dirigir y ejecutar delitos graves sin siquiera salir de sus celdas. La tecnología móvil se ha convertido en una herramienta estratégica que permite a los líderes criminales mantener sus estructuras operativas vivas y dinámicas. Mediante el uso de dispositivos móviles, los internos no solo imparten órdenes directas para ataques físicos, sino que también gestionan la parte financiera de sus actividades, habiéndose detectado maniobras para recibir transferencias bancarias producto de los ilícitos, lo que anula en la práctica el aislamiento que debería imponer la pena de prisión.
Medidas drásticas: bloqueo tecnológico y control permanente
Ante la evidencia del daño social provocado por esta conectividad delictiva, el planteo de la fiscalía de San Isidro no se limita a una restricción administrativa simbólica, sino que exige una reconfiguración técnica y de seguridad en los penales involucrados. El fiscal Ferrari solicitó no solo la prohibición total del acceso a teléfonos móviles para los internos involucrados en esta organización, sino también la implementación de requisas diarias para detectar dispositivos ocultos y la instalación definitiva de bloqueadores de señal en las unidades penitenciarias para neutralizar cualquier comunicación inalámbrica.
Este planteo reaviva una discusión profunda sobre el control tecnológico en las cárceles argentinas y la necesidad imperiosa de reforzar las medidas de seguridad para impedir que las organizaciones criminales mantengan la vigencia de sus estructuras desde el encierro. El planteo judicial subraya que la tecnología móvil ha sido transformada por la "Banda del Millón" en un arma de coordinación logística para el homicidio y el robo, lo que obliga al Estado a intervenir de manera directa sobre la infraestructura de comunicaciones de los penales. La resolución que tome la Justicia respecto al pedido del fiscal Ferrari marcará un precedente fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la capacidad de las instituciones para garantizar que la prisión sea efectivamente el fin de la actividad delictiva de quienes la habitan.
