Hay frases que, por su sencillez, parecen no necesitar demasiadas explicaciones. Sin embargo, algunas tienen la capacidad de poner en discusión buena parte de las ideas sobre las que hemos construido nuestra vida en sociedad. Durante su reciente visita a la Argentina, el papa León XIV recuperó una de ellas: la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.
La afirmación tiene una profundidad que excede largamente el ámbito religioso. En pocas palabras, pone en discusión una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: hemos desarrollado sistemas económicos extraordinariamente sofisticados para producir riqueza, pero todavía no conseguimos que esa riqueza se traduzca en condiciones de vida dignas para todos.
La economía nació como una herramienta para organizar la producción, el intercambio y la distribución de los recursos necesarios para la vida. El dinero, los mercados, las empresas y las instituciones financieras son creaciones humanas. Su razón de existir debería encontrarse en la posibilidad de mejorar nuestra convivencia y ampliar las oportunidades de desarrollo. Sin embargo, en algún punto de nuestra historia comenzamos a invertir esa relación. Hoy son las personas las que deben adaptar sus vidas a las exigencias de los mercados, los trabajadores a las necesidades de rentabilidad de las empresas y los gobiernos a las condiciones que imponen los capitales que necesitan atraer.
No se trata de cuestionar la actividad privada, la inversión o la generación de riqueza. Ninguna sociedad puede desarrollarse sin ellas. El problema aparece cuando el crecimiento económico deja de ser un medio para mejorar la vida de las personas y se convierte en un objetivo que parece justificar cualquier sacrificio.
Aristóteles entendía que la riqueza debía estar subordinada a la buena vida y al bienestar de la comunidad. Siglos después, Kant establecería que el ser humano debía ser considerado un fin en sí mismo y nunca un simple instrumento para alcanzar objetivos ajenos. Más cerca de nuestro tiempo, el economista Karl Polanyi advertiría sobre los riesgos de una sociedad organizada alrededor de un mercado que pretende funcionar por encima de sus propias instituciones y necesidades sociales.
Son pensamientos separados por siglos y por tradiciones diferentes, pero coinciden en algo esencial: la actividad económica tiene sentido en la medida en que sirve a la sociedad, no cuando la sociedad termina convertida en una pieza de su funcionamiento.
Amartya Sen, desde la economía contemporánea, aportaría otra perspectiva: el desarrollo no puede medirse solamente por el crecimiento de la producción o el ingreso, sino también por las libertades reales que tienen las personas para elegir y construir sus vidas. Una economía puede exhibir buenos indicadores mientras millones de personas ven reducidas sus posibilidades de acceder a una vivienda, educarse, alimentarse adecuadamente o proyectar un futuro.
La discusión adquiere otra dimensión cuando observamos quiénes concentran hoy el poder económico mundial. Las grandes corporaciones tecnológicas, financieras y comerciales han alcanzado una capacidad de influencia que supera ampliamente las fronteras de los países donde nacieron. Según datos de Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, las cinco mayores empresas digitales concentraban en 2025 cerca del 48 % de las ventas mundiales de ese sector. No hablamos simplemente de empresas exitosas, sino de actores que pueden llegar a controlar infraestructuras, plataformas, datos y mercados de los que dependen millones de personas y miles de empresas.
La comparación habitual entre el capital de una multinacional y el producto bruto de un país puede resultar impactante, aunque no siempre compara magnitudes equivalentes. Lo verdaderamente significativo es otra cosa: existen corporaciones con recursos, capacidad tecnológica y poder de negociación suficientes para condicionar decisiones que afectan a sociedades enteras, sin haber recibido un solo voto ciudadano.
Y allí aparece una tensión que merece mayor atención. La democracia se construye sobre la igualdad política: cada ciudadano tiene un voto. El poder económico, en cambio, se distribuye de acuerdo con los recursos disponibles. Una persona puede expresar su voluntad en las urnas; una corporación puede disponer de equipos jurídicos, capacidad de presión, recursos publicitarios, infraestructura tecnológica y posibilidades de inversión que inciden sobre las decisiones de un gobierno.
Esto no significa que toda empresa pretenda reemplazar al Estado ni que cualquier inversión constituya una amenaza democrática. Significa reconocer que la igualdad ante las urnas no garantiza, por sí sola, una igualdad en la capacidad de influir sobre las decisiones públicas.
Un gobierno puede ser elegido democráticamente y, sin embargo, encontrar cada vez más condicionada su capacidad de decisión por intereses económicos que no están sometidos al mismo control ciudadano. Cuando la posibilidad de generar empleo, sostener inversiones o financiar actividades depende de un reducido grupo de actores, la autonomía de las decisiones políticas puede verse seriamente limitada.
El problema tampoco termina en los despachos gubernamentales. Se extiende al modo en que conocemos e interpretamos la realidad.
La información es una condición indispensable para la democracia. Sin ciudadanos informados no hay deliberación verdadera, y sin deliberación la participación política corre el riesgo de convertirse en un acto periódico y vacío. Pero la información también está atravesada por relaciones de poder. La propiedad de los medios, la concentración empresarial, los intereses de sus anunciantes y el funcionamiento de las plataformas digitales intervienen en la construcción de la agenda pública. La famosa batalla cultural.
Hoy no solamente importa quién tiene la posibilidad de hablar. También importa quién tiene los recursos para conseguir que millones de personas escuchen su mensaje, quién determina qué contenidos adquieren visibilidad y qué temas terminan desapareciendo de la conversación cotidiana.
Los algoritmos no necesitan prohibir una opinión para reducir su alcance. Basta con que organicen nuestra atención de determinada manera. Así, una sociedad puede conservar formalmente todas sus libertades mientras pierde, poco a poco, la diversidad de voces necesaria para ejercerlas plenamente.
La desigualdad también puede naturalizarse a través del lenguaje. El desempleo pasa a ser una falta de adaptación individual; la pobreza, una consecuencia de no haber aprovechado oportunidades; la precariedad laboral, el precio inevitable de la modernización. Los problemas colectivos se transforman en responsabilidades personales y las decisiones económicas dejan de discutirse como decisiones humanas para presentarse como exigencias inevitables del sistema.
En ese escenario, la tradición social cristiana recupera una dimensión que muchas veces queda fuera del debate económico. La idea del bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes no propone eliminar la propiedad privada ni desconocer el valor del trabajo y la iniciativa individual. Propone algo diferente: recordar que los derechos individuales y la actividad económica tienen una responsabilidad frente al conjunto de la sociedad.
Desde León XIII, con Rerum Novarum, hasta Francisco, con Evangelii Gaudium, la doctrina social de la Iglesia ha cuestionado reiteradamente la subordinación de la dignidad humana a la acumulación de riqueza. La expresión de Francisco, «el dinero debe servir y no gobernar», y las palabras recuperadas ahora por León XIV pertenecen a una misma tradición de pensamiento.
Tal vez el aporte más interesante de esta mirada religiosa sea recordarnos que existen valores que no pueden medirse en términos de rentabilidad. Un trabajador que pierde su empleo no pierde dignidad. Una persona que no puede consumir no vale menos que quien puede hacerlo. Un anciano que ya no participa de la actividad productiva no se convierte en una carga humana. La utilidad económica de una persona jamás debería determinar su valor dentro de una sociedad.
Esta discusión será todavía más importante en los próximos años. La inteligencia artificial, la automatización y el desarrollo tecnológico prometen multiplicar la capacidad de producción de la humanidad. Pero también pueden profundizar la concentración de riqueza y poder si sus beneficios quedan en manos de quienes controlan las plataformas, los datos y las infraestructuras necesarias para desarrollarlas.
Algo parecido ocurre con el deterioro ambiental. Los beneficios de la explotación de los recursos naturales y los costos de sus consecuencias no se distribuyen de manera equitativa. Quienes tienen mayores recursos pueden protegerse mejor de los efectos de la contaminación, las sequías, las inundaciones y el cambio climático, mientras las poblaciones más vulnerables suelen quedar más expuestas. Estamos compartiendo un mismo planeta, aunque no todos participamos de sus beneficios ni soportamos sus consecuencias en la misma proporción.
A esta realidad se suma una cultura cada vez más individualista, que presenta el éxito como una conquista exclusivamente personal y la solidaridad como una virtud secundaria. Nos acostumbramos a competir, a medir nuestros logros en función de lo que poseemos y a interpretar la suerte de los demás como un asunto que no necesariamente nos concierne. La paradoja es que nunca tuvimos tantos medios para comunicarnos y, sin embargo, no siempre encontramos motivos para sentirnos responsables unos de otros.
Quizás por eso las palabras de León XIV merezcan una lectura que trascienda las diferencias religiosas. No es necesario profesar una fe para comprender que una sociedad no puede considerarse exitosa si una parte importante de sus integrantes queda excluida de los beneficios que ella misma produce.
Durante siglos, la humanidad luchó para limitar el poder de los monarcas, los imperios y las aristocracias. Construyó repúblicas, conquistó derechos y estableció que la soberanía reside en el pueblo. Sin embargo, mientras celebramos esos avances, nuevas formas de concentración de poder se desarrollan en espacios donde la ciudadanía tiene escasa capacidad de intervención. Ya no siempre es necesario gobernar un territorio para condicionar su destino. A veces alcanza con controlar una tecnología, una fuente de financiamiento, una infraestructura esencial o una parte significativa del sistema de información.
La economía no es una fuerza de la naturaleza ante la cual debamos resignarnos. Es el resultado de decisiones, instituciones, reglas y prioridades que los seres humanos construimos y, por lo tanto, también podemos modificar.
Quizás la verdadera discusión de nuestro tiempo no sea cuánto puede crecer una economía, cuánto pueden ganar sus empresas o cuán competitivos pueden ser sus mercados. Es determinar qué lugar ocupa el ser humano dentro de ese crecimiento y quiénes tienen la posibilidad de decidir sus condiciones.
Porque si el progreso económico exige que millones de personas resignen su dignidad, sus derechos y sus posibilidades de futuro, habrá que revisar seriamente qué estamos entendiendo por progreso.
Después de todo, no debería ser necesario acudir a una encíclica para recordar una verdad que tendría que estar presente en cualquier programa económico, en cualquier política pública y en cualquier sociedad que se considere democrática: la economía debe estar al servicio de la vida. No hay riqueza que justifique olvidar para qué y para quiénes la producimos.
